En contra de lo que comúnmente se piensa, el laicismo no va contra nadie. Es ante todo una ética ilustrada que promueve los valores de la libertad, de la igualdad y de la justicia. Desde ese punto de vista, el origen étnico, cultural y religioso de cada individuo, puede y debe quedar integrado en el derecho de ciudadanía. Pero el estado ha de mantener una estricta neutralidad para que el ejercicio de la libertad individual o colectiva se lleve a cabo sin imposiciones de ninguna de las partes que conforman el todo. El avance hacía una España laica es una tarea pendiente con el fin de aumentar cuotas de libertad y permitir nuevas transformaciones sociales. Para ello la comunidad religiosa ha de asumir el respeto a la pluralidad como garante de convivencia y si la jerarquía eclesiástica se niega a aceptarlo, es una obligación de la política cambiar las leyes para obligarles que así sea.
He aquí un decálogo de acciones que contribuirán a regularizar una situación que aún está lejos de normalizarse, sobre todo en lo que se refiere a la Iglesia Católica:
1. Supresión de los privilegios simbólicos, jurídicos, patrimoniales y políticos de las confesiones religiosas, en especial la católica a causa del trato preferente que ha recibido por parte del estado.
2. Las autoridades civiles no podrán hacer acto de presencia, ni participar en razón de su cargo en cualquier manifestación de tipo religioso.
3. Sustitución de las festividades religiosas del calendario laboral por otras de especial relevancia histórica o social.
4. Supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas, que se restringe al ámbito de lo privado.
5. Los cargos públicos se prometerán ante un ejemplar de la constitución. Debe quedar estrictamente prohibido que en tales actos se utilicen mecanismos, libros o simbología religiosa.
6. Las confesiones religiosas han de autofinanciarse. Se establecerán en todo caso acuerdos puntuales para ayudar con fondos públicos en la financiación de las organizaciones confesionales que se dediquen a fines de ayuda social.
7. El estado colaborará en programas puntuales de mantenimiento de iglesias y catedrales, pues forman parte de nuestro patrimonio histórico. Pero con la condición de que el acceso a los mismos sea libre para los ciudadanos.
8. Las confesiones religiosas quedarán sometidas al régimen de igualdad del principio tributario, sin excepciones.
9. Reforma urgente de la Ley Hipotecaria y del Reglamento Hipotecario, que permiten a los obispos inmatricular (inscribir en el Registro de la Propiedad) inmuebles a partir de certificaciones de dominio expedidas por ellos mismos.
10. Sustituir el sistema de Acuerdos con la Iglesia Católica por un marco de derecho común que se aplique por igual a todas las confesiones inscritas en el Ministerio de Justicia.
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