“En 1930 ya era evidente que el poder presidencial estaba en manos de un hombre que no creía en las instituciones democráticas y no tenía ninguna intención de protegerlas de sus enemigos”, escribe Richard J. Evans en el primer volumen de su famosa trilogía sobre el Tercer Reich. Habla de Paul von Hindenburg, el presidente que desmanteló la democracia parlamentaria de la República de Weimar, preparando el terreno para el régimen de 1933. Usando inadecuadamente el artículo 48 de la Constitución, estableció un estado de emergencia permanente con una serie de “gobiernos presidenciales” que mandaron por decreto, sin apoyo parlamentario, recortando derechos y salarios para complacer a los tecnoligarcas de la época. Eran gigantes del acero como Krupp, Thyssen, y Hoesch AG; de la química como IG Farben (un conglomerado que incluía a BASF, Bayer y Hoechst); eléctricas como AEG y Siemens y la cuenca minera del Ruhr. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, la democracia alemana ya estaba rota. Los asesinatos empezaron antes de que llegara al poder.
La primera víctima realmente famosa fue Konrad Pietrzuch, un minero polaco y sindicalista de Potempa, ciudad que volvió a Polonia después de la Seguna Guerra Mundial. Una noche de agosto de 1932, cinco miembros de las SA, las tropas de asalto originales del partido nazi, entraron en su casa con sus camisas pardas y lo mataron a golpes delante de su familia. Habían salido a cazar comunistas, sus archienemigos parlamentarios, “enemigos del Reich”. Los Cinco de Potempa, que fue como los llamó la prensa durante el sonado juicio, fueron sentenciados a muerte bajo una ley antiterrorista recién estrenada. Hitler los llamó camaradas y los liberó en cuanto llegó al poder, con una amnistía para todos los que habían cometido crímenes “por el bien del Reich”. En marzo de 1933, habían cometido docenas de asesinatos similares en todo el país.
Al principio, los muertos fueron calificados de terroristas domésticos por el Gobierno, personas violentas que habían ofrecido resistencia durante un arresto, marxistas armados abatidos en supuestos actos de autodefensa por parte de las fuerzas de seguridad. Hay suficiente documentación que contradice la versión oficial: las víctimas eran pacifistas, no llevaban armas y ningún miembro de los camisas pardas resultó herido en ninguna ocasión. Después los nazis dejaron de hacerlo. Hermann Göring los autorizó para arrestar y disparar a su criterio. Con Heinrich Himmler, asumieron el control de la Gestapo y la policía criminal, y emprendieron la tarea oficial de limpiar el Tercer Reich de “enemigos del Estado”: comunistas, opositores políticos, disidentes, judíos, homosexuales y testigos de Jehová.
Cuenta Evans que, si alguien pudiera viajar en el tiempo desde 1945 a la Europa inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, ni un contemporáneo inteligente y bien informado creería que, en apenas 30 años, Alemania intentaría asesinar de forma sistemática a todos los judíos de Europa y lograría exterminar a casi seis millones. Quizá en Francia, sacudida por una ola de antisemitismo virulento tras el caso Dreyfus. O en Rusia, donde las Centurias Negras zaristas organizaban violentos pogromos contra la población judía después del fracaso de la Revolución de 1905. Pero algo así no podía ocurrir en Alemania, un país culto y moderno, con universidades de prestigio, numerosos premios Nobel, un sólido Estado de derecho y una industria principal. Ahora sabemos que la barbarie no llega en una ola de inmigrantes, sino que crece en el corazón mismo de nuestra civilización.
