Las democracias pueden debilitarse sin dejar de parecer democracias. Lo estamos comprobando, ya no es necesario derribar las instituciones: basta con aprender a utilizarlas para que el poder encuentre menos límites a su campo de acción. Es entonces cuando la política se convierte en una lucha por controlar el relato, desacreditar al adversario y presentar cualquier resistencia como un ataque a la voluntad popular, porque el dirigente, desde su punto de vista egoísta y rastrero, asume que siempre habla y hace en nombre de lis intereses ciudadanos aunque sus acciones vayan en dirección contraria. La ley continúa existiendo, pero corre el riesgo de convertirse en instrumento de legitimación más que en límite del poder, porque la justicia deja de ser independiente y se vincula estrechamente al interés político al volverse ideológica. Y ahí comienza el problema: una democracia no consiste únicamente en votar, sino también en aceptar lo que puede limitar a quien gobierna: la independencia de las instituciones, la crítica y la acción ciudadana. Cuando todo se interpreta según quién gana y quién pierde, las instituciones dejan de ser árbitros para convertirse en parte. Y en una, situación así, puede conservarse la apariencia democrática mientras se erosiona precisamente a todo aquello que hace posible y enriquece a la democracia.
