Imagen de Javier publicada en "La Opinión de Tenerife"
El tiempo vuela a veces a una velocidad pasmosa: Hoy se cumplen 30 años de un suceso que conmocionó a la sociedad de esta isla y en el que, como tantos otros protagonistas anónimos de aquél día, me sumido entre la sorpresa, la rabia mal contenido y el dolor profundo: Hoy es el treinta aniversario del asesinato de Javier Fernández Quesada en las escaleras de entrada al edificio principal de la Universidad de La Laguna. Una víctima más de la transición democrática en España, de una época de transición, en que las fuerzas tardías del franquismo se resistían a dar el paso a las libertades. Nunca se ha castigado al culpable.
Corría la mañana del 12 de diciembre de 1977. Estaba siendo una semana convulsa en la isla, pues a la huelga que los trabajadores del transporte regular llevaban manteniendo desde dos meses atrás, se le habían sumado el sector tabaquero y el de los congelados del muelle. También estaban revueltas las cosas en la refinería. Los trabajadores en lucha recibieron el apoyo de los estudiantes universitarios, que convocaron una huelga general de la enseñanza y jornadas de lucha en La Laguna, ciudad sede de la universidad. A los que no vivieron esa época es necesario explicarles lo que aquella situación significaba: España se encontraba estrenando un parlamento democrático, nos encontrábamos en plena transición, y nadie tenía muy claro aún en que iba a parar todo aquello. No se habían roto los lazos con el franquismo, pues muchos personajes públicos relacionados con el mismo, ahora medraban en los distintos partidos políticos que creaban el centro y la derecha. El ejército era una constante amenaza de involución, los grupos fascistas se hallaban enaltecidos... Por todo ello, las huelgas no eran como ahora. Iban contra la patronal, eso es evidente, pero también tenían un fuerte contenido político, pues se culpaba a los gobiernos de la falta de libertades, y la policía era el símbolo más palpable y cercano de la represión de 40 años de dictadura.
El día de autos había comenzado en los alrededores de la universidad como uno más de aquella semana: Policías y estudiantes enfrentados en las calles. Por un lado, balas de goma y gas lacrimógeno; por el otro, piedras e insultos. Carreras, gritos, humo, confusión... Moneda corriente desde hacía días, pero que aumentaba en intensidad por la frustración que suponía no conseguir los objetivos previstos. Para las autoridades, herederas del sistema anterior, era difícil digerir que aquél conglomerado de obreros, estudiantes y militantes de la extrema izquierda reunidos en la llamada Asamblea de Sectores en Lucha, se estuvieran haciendo con el control de las calles. Se estaba planteando un desafío en toda regla al orden establecido, y el gobernador civil de la provincia en aquellas fechas y hoy diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, pidió refuerzos policiales y autorizó – o hizo oídos sordos a lo que ocurría, que viene a ser lo mismo- a que la represión se endureciera.
Sobre el mediodía la situación parecía haberse tranquilizado. Los grupos de estudiantes ya se habían recogido al recinto universitario y un grupo de guardias civiles se encontraban por los alrededores del campus, sustituyendo a los antidisturbios que necesitaban un descanso. Sin medir provocación alguna, alguien dio la orden de entrar en la universidad a sangre y fuego: Los impactos de las balas aún pueden verse en la fachada del edificio, pero eso fue lo menos importante. Aunque el resultado de la comisión de investigación creada en el Congreso para estudiar los hecho habló de disparos al aire, dos jóvenes de los allí presentes fueron alcanzados. Uno, Fernando Jaezurría, resultó herido en un hombro. Javier Fernández Quesada no tuvo tanta suerte: Una bala le atravesó el esternón y le causó la muerte. Otro asesinato inútil, absurdo y salvaje en los estertores del franquismo, que nunca tuvo un responsable.
Javier tenía 23 años y hacía poco que había acabado el servicio militar. Provenía de una familia de comerciantes de Las Palmas y decidió reanudar sus estudios de Biología en la Universidad de La Laguna, donde estudiaban también otros dos hermanos suyos, Carlos y Ricardo. Le gustaba escribir y le apasionaba lo que ahora conocemos como senderismo. No estaba directamente implicado con el movimiento huelguista, pero su compromiso social y político y el ambiente en que se movía le impulsaba colaborar en los actos que se convocaban.
Los momentos posteriores al suceso fueron de total confusión. El cuerpo de Javier yacía en la escalinata y la balacera continuaba. Alguien enarboló un pañuelo blanco pidiendo una tregua para acercarse a la figura caída. Al cesar los disparos, varios estudiantes recogieron el cuerpo y lo metieron en el hall. En las tareas de reanimación participó un estudiante de medicina que luego acabó siendo Presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Pero fueron inútiles.
Fue trasladado al cementerio de La Laguna. Hasta allí trasladó la policía a sus hermanos, donde pasaron el terrible trámite de reconocer el cadáver. Afuera se agolpaba la gente y la indignación subía enteros por momentos... Aún la familia hubo de pasar los trámites para el traslado a su lugar de origen, entre burlas de los agentes y multitud de inconvenientes. Horas después, un refuerzo de 250 policías llegaron de la península para hacer frente a lo que se avecinaba... La situación llegó a un punto muy parecido al estado de excepción: Se suspendieron las clases en la universidad y los incidentes se multiplicaban por todos los rincones participando incluso muchos que se mostraron en su momento contrarios a las huelgas. La policía tomó las calles con una violencia nunca vista: Atacaban incluso a los vehículos que llevaban crespones negros en señal de duelo, destrozando faros y cristales...
Después vino el manto de silencio, la complicidad de las autoridades para tapar los hechos, las presiones a los testigos... La vergüenza de que 30 años después al tramitarse la Ley de la Memoria Histórica, el caso de Javier estuviese en un tris de quedarse fuera de las reparaciones y reconocimientos que instituye, porque la fecha límite quedaba establecida en el 6 de octubre de 1977, día en que se promulgó la Ley de Amnistía. Habrían sido 77 días de diferencia. Una iniciativa a ultimísima hora a raíz de una enmienda del propio Román Rodríguez, actualmente diputado por Nueva Canarias, y con el apoyo decidido del socialista Julio Pérez tinerfeño Secretario de Estado de Justicia, conseguirá corregir el grave error, a través de la vía de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que extiende los efectos de la Ley de Memoria Histórica hasta el 15 de diciembre.
Coalición Canaria ni se interesó por el asunto en Madrid. Su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, votó a favor de la Ley pero sin acordarse de este caso, pese a que se produjo en la ciudad de la que es alcaldesa. El otro diputado de CC se abstuvo: Luis Mardones ya había adelantado que lo iba a hacer por razones personales. Recordemos que era el gobernador civil de la provincia cuando ocurrieron los hechos.
El tiempo vuela a veces a una velocidad pasmosa: Hoy se cumplen 30 años de un suceso que conmocionó a la sociedad de esta isla y en el que, como tantos otros protagonistas anónimos de aquél día, me sumido entre la sorpresa, la rabia mal contenido y el dolor profundo: Hoy es el treinta aniversario del asesinato de Javier Fernández Quesada en las escaleras de entrada al edificio principal de la Universidad de La Laguna. Una víctima más de la transición democrática en España, de una época de transición, en que las fuerzas tardías del franquismo se resistían a dar el paso a las libertades. Nunca se ha castigado al culpable.Corría la mañana del 12 de diciembre de 1977. Estaba siendo una semana convulsa en la isla, pues a la huelga que los trabajadores del transporte regular llevaban manteniendo desde dos meses atrás, se le habían sumado el sector tabaquero y el de los congelados del muelle. También estaban revueltas las cosas en la refinería. Los trabajadores en lucha recibieron el apoyo de los estudiantes universitarios, que convocaron una huelga general de la enseñanza y jornadas de lucha en La Laguna, ciudad sede de la universidad. A los que no vivieron esa época es necesario explicarles lo que aquella situación significaba: España se encontraba estrenando un parlamento democrático, nos encontrábamos en plena transición, y nadie tenía muy claro aún en que iba a parar todo aquello. No se habían roto los lazos con el franquismo, pues muchos personajes públicos relacionados con el mismo, ahora medraban en los distintos partidos políticos que creaban el centro y la derecha. El ejército era una constante amenaza de involución, los grupos fascistas se hallaban enaltecidos... Por todo ello, las huelgas no eran como ahora. Iban contra la patronal, eso es evidente, pero también tenían un fuerte contenido político, pues se culpaba a los gobiernos de la falta de libertades, y la policía era el símbolo más palpable y cercano de la represión de 40 años de dictadura.
El día de autos había comenzado en los alrededores de la universidad como uno más de aquella semana: Policías y estudiantes enfrentados en las calles. Por un lado, balas de goma y gas lacrimógeno; por el otro, piedras e insultos. Carreras, gritos, humo, confusión... Moneda corriente desde hacía días, pero que aumentaba en intensidad por la frustración que suponía no conseguir los objetivos previstos. Para las autoridades, herederas del sistema anterior, era difícil digerir que aquél conglomerado de obreros, estudiantes y militantes de la extrema izquierda reunidos en la llamada Asamblea de Sectores en Lucha, se estuvieran haciendo con el control de las calles. Se estaba planteando un desafío en toda regla al orden establecido, y el gobernador civil de la provincia en aquellas fechas y hoy diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, pidió refuerzos policiales y autorizó – o hizo oídos sordos a lo que ocurría, que viene a ser lo mismo- a que la represión se endureciera.
Sobre el mediodía la situación parecía haberse tranquilizado. Los grupos de estudiantes ya se habían recogido al recinto universitario y un grupo de guardias civiles se encontraban por los alrededores del campus, sustituyendo a los antidisturbios que necesitaban un descanso. Sin medir provocación alguna, alguien dio la orden de entrar en la universidad a sangre y fuego: Los impactos de las balas aún pueden verse en la fachada del edificio, pero eso fue lo menos importante. Aunque el resultado de la comisión de investigación creada en el Congreso para estudiar los hecho habló de disparos al aire, dos jóvenes de los allí presentes fueron alcanzados. Uno, Fernando Jaezurría, resultó herido en un hombro. Javier Fernández Quesada no tuvo tanta suerte: Una bala le atravesó el esternón y le causó la muerte. Otro asesinato inútil, absurdo y salvaje en los estertores del franquismo, que nunca tuvo un responsable.
Javier tenía 23 años y hacía poco que había acabado el servicio militar. Provenía de una familia de comerciantes de Las Palmas y decidió reanudar sus estudios de Biología en la Universidad de La Laguna, donde estudiaban también otros dos hermanos suyos, Carlos y Ricardo. Le gustaba escribir y le apasionaba lo que ahora conocemos como senderismo. No estaba directamente implicado con el movimiento huelguista, pero su compromiso social y político y el ambiente en que se movía le impulsaba colaborar en los actos que se convocaban.
Los momentos posteriores al suceso fueron de total confusión. El cuerpo de Javier yacía en la escalinata y la balacera continuaba. Alguien enarboló un pañuelo blanco pidiendo una tregua para acercarse a la figura caída. Al cesar los disparos, varios estudiantes recogieron el cuerpo y lo metieron en el hall. En las tareas de reanimación participó un estudiante de medicina que luego acabó siendo Presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Pero fueron inútiles.
Fue trasladado al cementerio de La Laguna. Hasta allí trasladó la policía a sus hermanos, donde pasaron el terrible trámite de reconocer el cadáver. Afuera se agolpaba la gente y la indignación subía enteros por momentos... Aún la familia hubo de pasar los trámites para el traslado a su lugar de origen, entre burlas de los agentes y multitud de inconvenientes. Horas después, un refuerzo de 250 policías llegaron de la península para hacer frente a lo que se avecinaba... La situación llegó a un punto muy parecido al estado de excepción: Se suspendieron las clases en la universidad y los incidentes se multiplicaban por todos los rincones participando incluso muchos que se mostraron en su momento contrarios a las huelgas. La policía tomó las calles con una violencia nunca vista: Atacaban incluso a los vehículos que llevaban crespones negros en señal de duelo, destrozando faros y cristales...Después vino el manto de silencio, la complicidad de las autoridades para tapar los hechos, las presiones a los testigos... La vergüenza de que 30 años después al tramitarse la Ley de la Memoria Histórica, el caso de Javier estuviese en un tris de quedarse fuera de las reparaciones y reconocimientos que instituye, porque la fecha límite quedaba establecida en el 6 de octubre de 1977, día en que se promulgó la Ley de Amnistía. Habrían sido 77 días de diferencia. Una iniciativa a ultimísima hora a raíz de una enmienda del propio Román Rodríguez, actualmente diputado por Nueva Canarias, y con el apoyo decidido del socialista Julio Pérez tinerfeño Secretario de Estado de Justicia, conseguirá corregir el grave error, a través de la vía de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que extiende los efectos de la Ley de Memoria Histórica hasta el 15 de diciembre.
Coalición Canaria ni se interesó por el asunto en Madrid. Su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, votó a favor de la Ley pero sin acordarse de este caso, pese a que se produjo en la ciudad de la que es alcaldesa. El otro diputado de CC se abstuvo: Luis Mardones ya había adelantado que lo iba a hacer por razones personales. Recordemos que era el gobernador civil de la provincia cuando ocurrieron los hechos.
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