Todo el mundo tranquilo. El ministro del asunto nos ha prometido a los españoles que este año acabará con el delito anteriormente conocido como de blasfemia para que no se repitan denuncias judiciales por ofensas a la religión católica. Ya era hora, después de 50 años de democracia y con una constitución que define a España como un país aconfesional. El problema es que el religioso no es el único sentimiento cuya ofensa puede llevarnos ante un juez. En este país son ya unas cuantas las mujeres feministas denunciadas por sus opiniones sobre el tema trans sin que desde la izquierda hubiera una protesta unánime por esta vulneración del derecho a la libertad de expresión. Y, por otro lado, si alguien se mofa del islam o critica los preceptos dictados por Mahoma se va a encontrar con el aplauso de la extrema derecha (la misma que no tolera una broma sobre cristianos) y el silencio atronador, cuando no la crítica feroz, de una parte de los progres supuestamente laicistas.
En este país aún nos queda mucho camino por recorrer para entender lo que es el respeto a y por la libertad de expresión. A todos y a todas. Y digo bien: Respeto y libertad de expresión, dos conceptos que nunca deberían separarse porque son las dos caras de una misma moneda. Respeto cuando se emite una opinión porque si no se realiza desde esa premisa se pierde cualquier razón y respeto para cuando se disiente de ella por idéntico motivo.
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