Leo con indignación las declaraciones del Fiscal General del Estado sobre la no colaboración de la Conferencia Episcopal Española con la investigación que está realizando la Fiscalía sobre los casos de pederastia en la iglesia católica de este país. La sociedad civil no puede permitir que la Iglesia pretenda echar tierra sobre delitos tan graves y que han afectado a tanta gente. Si esta actitud no cambia, el Estado Español debería actuar en consecuencia y despojar a esta institución del trato preferente que se le dispensa. A saber: Poner fin al concordato, prohibir que reciban cualquier tipo de financiación pública, retirar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, crear una fiscalía especial encargada de llevar a la cárcel a todos los pederastas, y aprobar la anulación inmediata de las inmatriculaciones ilegales.
Esto no significa ataque alguno a los católicos españoles, entre otras cosas porque católicas son también las víctimas de los sacerdotes pederastas. Se trata de regularizar y normalizar a la Iglesia como institución, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Y más aún cuando se burlan de esta manera incluso de los que cumplen con su función de hacer respetar las leyes. Y de las víctimas no digamos, pues han demostrado de sobra que les importan un pimiento.
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