OPINIÓN: LA PREGUNTA DE ROBLES

“¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

Esta pregunta la pronunció la Ministra de Defensa Margarita Robles, en medio de la refriega parlamentaria sobre el espionaje a los líderes independentistas de Cataluña. Robles dio a entender que si se produce un “desafío” secesionista, la respuesta más lógica consiste en poner en marcha todos los recursos del Estado para impedirlo, incluyendo el espionaje de los líderes “sediciosos” que quieren acabar con el orden constitucional. Esta forma de entender la crisis catalana de 2017 es deudora de una tesis que se hizo muy popular en su día, sobre todo en la derecha, según la cual lo sucedido en aquel año fue un intento golpe de Estado. Ante un intento de golpe, nada más adecuado que utilizar los servicios de inteligencia para identificar la trama golpista, los miembros que la componen y los planes de la operación. Lo mismo se hizo en los años setenta y ochenta cuando el peligro de golpe era bien real en la incipiente democracia española. Todavía en 1985, el Centro Superior de Información de la defensa (CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI) desmanteló una trama golpista que pretendía crear un vacío de poder (que sería aprovechado por el Ejército) asesinando a las principales autoridades del Estado mediante la explosión de una bomba debajo de la tribuna de autoridades en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

En realidad, la crisis constitucional catalana no tuvo nada que ver con un golpe de Estado; de ahí que resulte tan cuestionable el espionaje masivo a rivales políticos independentistas. Los golpes del Estado los protagoniza el Ejército, o se realizan con el apoyo tácito o explícito del Ejército, y siempre se llevan a cabo en secreto, no se anuncian. En el caso de Cataluña, sin embargo, lo sucedido a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017 fueron actos políticos que se anunciaron con antelación (y en los que nunca hubo ni violencia ni amenaza de la misma). Los líderes hablaron largo y tendido de sus objetivos y de la manera en que iban a actuar para lograrlos. No hubo engaño de ningún tipo. El referéndum del 1 de octubre era un compromiso electoral de la coalición Junts pel Sí en las elecciones autonómicas de 2015. Recuérdese que la coalición se autoimpuso un plazo de 18 meses para llevar a cabo el referéndum. Para darle una apariencia de legalidad al mismo, el Parlamento catalán aprobó en el mes de septiembre de 2017 las leyes de referéndum y de transición a la República. Todo lo que sucedió en el tiempo transcurrido entre el 1-O y la aplicación del artículo 155 suspendiendo la autonomía catalana fue también público, con lo que se puede estar de acuerdo o no. Pero jamás hubo un componente secreto (salvo la ocultación de las urnas, que, por cierto, los espías no consiguieron encontrar). Robles lo que ha hecho es asumir como propia la tesis que la derecha españolista argumentó para explicar la crisis catalana con la intención de solucionarla por la vía policial en lugar de la política. Y lo agrava porque lo hace para justificar el espionaje telefónico a ciudadanos y líderes democráticos. Resulta asombroso que aún permanezca en su cargo. Y para acabar, me planteo yo también algunas preguntas: ¿desde cuándo sabía en realidad el gobierno que los móviles del presidente Sánchez y la propia ministra también habían sido hackeados? ¿Cómo es posible que algo así no haya sido detectado durante meses, no se revisan esos teléfonos? ¿Qué justificación buscará ahora Robles, dónde queda lo del supuesto golpe de estado? ¿Trabajan Mortadelo y Filemón para la sección de ciberseguridad del CNI ?