En España hemos vivido la ruptura de los gobiernos regionales de coalición que sostenía la derecha española junto a su escisión más radical. Esos gobiernos se han tenido que reformular, sin trauma todo sea dicho, por culpa de la negativa a acoger por cuotas a los menores llegados a España sin protección familiar y que sobreviven en condiciones infrahumanas en centros de Canarias, Ceuta y Melilla. La situación de desborde absoluto obligaba a los demás gobiernos regionales a mostrar solidaridad, por lo que la negativa de los ultranacionalistas españoles, y catalanes, ha sonado más a aspaviento hacia su competencia directa que a verdad. No parece creíble que un gobierno regional carezca de posibilidades para acoger, tutelar y formar a una treintena de chicos. Señalarlos como futuros criminales es ventajista. Lo serán si sus condiciones de vida les condenan a ello, como pasa con otros sin importar la nacionalidad. Cobrar un sueldo de vicepresidente autonómico y reconocerse incapaz de dar acogida a un número tan escaso de menores viene a decir que el cargo carece de funciones gestoras y es tan sólo un afortunado azar para ganarse el salario sin mover un dedo. La inmigración responde a la lógica de la desigualdad mundial. Si quieren cambiar algo, esfuércense en mirar hacia el origen y dejen de golpear en destino.
La gran mayoría de la inmigración a España llega en vuelo comercial. En ocasiones lo hace con entrada turística legal que luego desborda a la busca de una nueva vida en nuestro país. Hemos visto recientemente un caso de bailarines de musical que pese al apoyo ferviente de una presidenta autonómica la policía considera un presunto fraude laboral. Es algo muy habitual en prostitución y otros oficios de economía sumergida. El empleo ilegal refuerza polos económicos que en muchas ocasiones se significan como defensores de la política más descarnada contra la inmigración, precisamente porque mantenerlos en la ilegalidad les garantiza mano de obra barata y sin derechos laborales. Una bicoca visto desde los términos del beneficio económico. Lo que llega en patera y por salto de valla fronteriza se puede considerar más bien un grave problema humanitario. Hasta ahora se combate desde la solidaridad puntual y la externalización de la humillación, que deriva o paga a países vecinos para que hagan de fortaleza de contención. Cuando escuchamos la cifra de menores, 347, que ha ocasionado la trifulca actual no podemos por menos que sentir vergüenza ajena. Y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestros votos.
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