El 25 de julio se han cumplido 25 años del primer naufragio - del que se tengan registros- de una embarcación que trasladaba inmigrantes africanos a Canarias y que ocasionó la muerte de algunos de sus pasajeros. Fue el inicio de un drama en constante aumento que ha producido unas 21.000 víctimas y que ha convertido a las rutas marítimas de la inmigración irregular a las islas en las más peligrosas del mundo. El número de muertes aumentó de manera terrible cuando desaparecieron las pateras y ocuparon su lugar los cayucos, por la sencilla razón de que aumentó de forma exponencial el número de pasajeros que puede llevar cada embarcación. El último cayuco que ha llegado al Hierro tenía 171 ocupantes, lo que puede dar idea del desastre humanitario que acontece cuando no llegan a su destino. También ha aumentado muchísimo el número de menores no acompañados que ocupan plaza en esta locura, porque las familias se han dado cuenta de que los adultos pueden ser repatriados, algo que no acurre con ningún menor.
Y así llegamos a la cifra enorme de menores inmigrantes que tiene que atender Canarias. Actualmente hay unos 6.200 y las islas solo tienen infraestructuras para atender con las debidas garantías a unos 2.000. Es muy posible que ese número se incremente significativamente a lo largo de este año, con lo que tenemos a la vuelta de la esquina un desastre humanitario que, no lo olvidemos, afectaría a miles de niñas y niños. No hay que olvidar que la Ley de Extranjería permite el traslado de inmigrantes adultos desde el lugar donde han arrivado hasta cualquier otra comunidad autónoma, pero curiosamente esto no ocurre con los menores, ya que la misma ley estipula que han de quedar a cargo de la Comunidad Autónoma a donde han llegado. Existe un acuerdo no vinculante para que el resto de regiones reciba cupos de esos menores de forma voluntaria, pero no se cumple salvo en honrosas excepciones. Esta última es la razón por la que en Canarias se está pidiendo cambiar la ley para ese mecanismo de reubicación sea obligatorio y la responsabilidad de atender a los menores sea de todo el territorio nacional. Es lo justo para todos esos niños y niñas y también para unas islas que están siendo desbordadas por algo que jamás se debería ver como un problema y para eso se necesita sobre todo solidaridad. Y no la hay, ni para con los menores ni para cin Canarias. Quienes han votado en el Congreso, no contra esa reforma de la ley, sino contra que sea aceptada su tramitación en la cámara, se han retratado tratando a las islas con una despreciable visión colonial y enviando un mensaje de que tanto los menores como los propios canarios les importamos un pimiento. Espero de verdad que algún día se lo sepamos hacer pagar.
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