Tras dos meses de huelga indefinida por parte de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los efectos son devastadores en los tribunales tinerfeños y, aunque haya terminado el paro, sus consecuencias están siendo son terribles para el normal desarrollo de la Justicia y un evidente perjuicio para los derechos de la ciudadanía. Solo en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife los actos judiciales suspendidos (entre ellos juicios) son ya unos 7.100, mientras que unas 9.200 demandas han quedado pendientes de presentar. Además, unos 30.000 escritos han quedado igualmente sin respuesta y los procedimientos relacionados con el Registro Civil provincial se acercan a los 1.600.
Para colmo, y ateniéndose a la fecha del inicio de la huelga, unos 6,3 millones de euros han estado bloqueados a la espera de la resolución del conflicto, que de ha alargado por la falta de respuestas del Ministerio de Justicia, que por fin se ha ptestado a negociar a este respecto.
Un dato a destacar y del que curiosamente no se hablaba, es que si el conflicto se hubiese alargado más podría haber afectado a la celebración de las próximas elecciones. Resulta que los Letrados de la Administración de Justicia son los encargados de organizar y controlar el desarrollo de las mismas. En principio se supone que se habrían dictaminado servicios mínimos ¿pero se habrían respetado?
A un mes de las elecciones, se supone que habrán sido una cuestión decisiva para la resolución del conflicto. Pero cuando algo así se alarga durante tanto tiempo, es lícito denunciar que si el acuerdo era posible debería haberse producido mucho antes. Era una huelga de funcionarios contra su patrón, que es el Estado. El Ministerio de Justicia ha cometido por tanto una flagrante injusticia contra nosotros, los ciudadanos de a pie. Las consecuencias se pagarán durante mucho tiempo.
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