EL CASO DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA

Estremece el gravísimo grado de soberbia y desprecio por la verdad y las formas al que pueden llegar algunos de nuestros gobernantes: Lo sucedido en el Hospital Severo Ochoa de Madrid es el caso más dramático de manipulación desde el poder que se haya tenido noticia en la aún joven democracia española. Y para los responsables directos parece que no ha ocurrido nada: Nadie se hace responsable de lo sucedido, y ni siquiera son capaces de pedir perdón por los sufrimientos que han tenido que padecer los implicados.
Les pongo en antecedentes: A raíz de una denuncia anónima presentada en la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que se acusaba a los dirigentes del Servicio de Urgencias del mencionado hospital de malas prácticas médicas que ocasionaban las muerte prematura de enfermos terminales, se monta de inmediato una campaña mediática de acoso al personal sanitario por parte de los responsables del área de salud de la comunidad, en el que se dicen toda clase de barbaridades sobre estos profesionales y se destituye de su cargo al encargado de urgencias, el doctor Montes y se levanta un repugnante expediente ético-administrativo partiendo de la base de que sedar enfermos terminales para aliviarles el dolor es contrario al ordenamiento administrativo español y a cualquier principio moral. Al mismo tiempo, se dejaba entrever la intolerable calumnia de que estas prácticas escondían acelerar las muertes de los pacientes.
Una caza de brujas fomentada por unas autoridades que no tuvieron el más mínimo reparo en mirar hacia otro lado cuando desde los sectores más retrógrados de la iglesia llegaron a calificar el trabajo de estos médicos con actividades propias de los nazis. Sólo faltó la hoguera, porque Torquemadas hubieron muchos.
El daño ha sido terrible en varios ámbitos: En la sanidad pública, por la desconfianza de pacientes y familiares hacia todos los estamentos del Severo Ochoa, y en la carrera profesional de los médicos implicados, a los que no se dudó en manchar su nombre de forma escandalosa. Pero lo más grave de todo es el desgarro que esto ha supuesto para cientos de enfermos terminales durante este tiempo, que han tenido que vivir entre dolores sin fin sus últimos días en este mundo, al no habérseles podido aplicar las medidas paliativas a las que debían haber tenido derecho mientras la justicia no se pronunciase sobre el caso.
Acaba de hacerlo, y de manera incontestable, declarando improcedentes los despidos de los afectados, prohibiendo expresamente que se vuelva a dudar públicamente de su profesionalidad, y argumentando que no hay ninguna prueba que justifique la acusación de malas prácticas médicas. Se puede decir más alto, pero no más claro.
La contestación a la sentencia no ha podido ser más lamentable por parte de la Presidenta de la Comunidad, la inefable Esperanza Aguirre, y el anterior Consejero del área, el señor Lamela: No sólo no han restituido a los médicos en su puesto, sino que se han permitido manifestar que tuvieron una conducta ‘impecable’en todo el proceso.
Que los orquestadores de este triste episodio sigan en su puesto como si tal cosa no habla bien de la salud democrática en España. Desconozco si la causa de tanto mal está en la incompetencia pura y simple, o como se acusa desde algunos sectores, en buscar el desprestigio de la Sanidad Pública para justificar inversiones millonarias en la Privada. Me temo que los tiros pueden ir perfectamente por ese camino.
Una última reflexión que atañe a la cúpula del Partido Popular: Aún estamos esperando una declaración plausible sobre este tema.