PELOTAZOS URBANÍSTICOS

Vayan por delante mis disculpas por entrar en detalles sobre una cuestión de ámbito tan local, pero es significativo si lo contemplamos como un ejemplo más de lo que suele suceder cuando se mezclan intereses políticos y económicos, se toman decisiones a espaldas de los intereses de la mayoría y la reacción que provoca en el grupo político afectado cuando estas cuestiones salen a la luz. El caso es que sigo amando a mi ciudad pesar de las barbaridades que han llegado a hacer con ella. Una localidad que nació al abrigo del mar, que históricamente ha estado vinculada a él a través de su Puerto y que una serie de increíbles decisiones han logrado que acabe dándole la espalda. Ha sido el primer paso para una pérdida de identidad lamentable. Pero esa no es hoy la cuestión.
En las afueras tenemos una playa. Un auténtico tesoro para los vecinos que ha costado mucho convertirlo en lo que es. A través de los años la hemos domesticado, cambiado su aspecto, conseguido que sea un apacible lugar de esparcimiento, un lugar de encuentros. En realidad son varias playas en una, dependiendo de la hora y la estación: Caminantes de todas las edades, deportistas, familias, grupos de jóvenes la gozan de una manera u otra durante el día. Y por la noche, amores furtivos se acarician al rumor de las olas. Nunca ha estado pensada para los turistas, porque es nuestra, y así lo sentimos muy dentro.
Ese idilio viene siendo amenazado desde hace un tiempo por una operación inmobiliaria de gran calado. Las Teresitas, porque de ella hablo, es la única gran playa de Tenerife que ha quedado a salvo de la especulación urbanística y la fiebre de construcciones que ha destrozado gran parte del litoral isleño. Pero será por poco tiempo. Se va a construir en los terrenos aledaños, a pesar de la oposición de los usuarios, y eso ya es incuestionable para todos. Sólo nos queda salvar el frente de playa, la parte de los terrenos más cercana al mar y que aquello no se convierta en una más de las monstruosidades de cemento que podemos contemplar en tantos sitios de las costas españolas.
En eso estamos. Y ahí precisamente quería llegar. Los terrenos tenían varios propietarios. En su momento, dos de los empresarios más conocidos de la isla (uno de ellos vinculado a la construcción, precisamente), piden a Cajacanarias (la Caja de Ahorros de esta provincia) un préstamo de unos 3.000 millones de pesetas, con el que compran la totalidad de las parcelas donde está previsto construir. El Ayuntamiento, alarmado por la oposición ciudadana a esa operación, se ve obligado a prohibir la edificación en los terrenos aledaños a la playa y propone que sean destinados a actividades de ocio, para lo que encargan un proyecto a una oficina de arquitectos de renombre internacional.
Hasta aquí, vamos bien. El problema surge cuando los responsables municipales deciden comprar esa zona los nuevos dueños. Para que puedan darse cuenta de la magnitud de la operación, esa franja en concreto sólo supone el 10% de la totalidad del terreno. Pues bien, desoyendo incluso los informes de los propios técnicos del ayuntamiento, se aprueba la compra por un valor cercano a los 9000 millones de pesetas. Así. El pelotazo supone que Inversiones Las Teresitas SL compra en su momento la totalidad del terreno por 3000 millones (con un préstamo de una entidad bancaria), y vende al Ayuntamiento tres años después un 10% del mismo por 8000 millones, después de que se haya hecho caso omiso a tres informes de técnicos municipales que lo valoran en bastante menos y se atienda a la tasación de una empresa relacionada con la misma entidad que había hecho el préstamo inicial. O sea, que los empresarios se embolsan una pasta sin haber arriesgado ni un duro, ni haber tocado siquiera el solar, a costa del erario público.
La fiscalía anticorrupción ha abierto una investigación e imputa cargos al alcalde, como máximo responsable de esta barbaridad, en una querella por la vía penal presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y mientras tanto, una organización ecologista optó por la vía jurídico-administrativa que ha culminado en los últimas días con una sentencia del Tribunal Supremo en la que declara ilegal la operación de compra-venta, amparándose precisamente en que no hay justificación alguna para abonar esa cantidad, cuando había informes oficiales que indicaban que podría haberse hecho por mucho menos dinero...
Toda esta historia viene a colación para hacer dos reflexiones sobre el desvergonzado comportamiento de algunos gestores públicos, que no sólo son capaces de realizar operaciones en que favorecen a unos pocos a costa de todos, sino que luego reaccionan de manera airada cuando son descubiertos, dando manotazos a diestro y siniestro e inventando conjuras, mezclando sus intereses personales con los de la institución que representan, e intentando convertirse en mártires a los ojos de la gente.
Recordemos que hay abierto un proceso electoral ahora mismo. Las elecciones municipales se celebran el próximo día 27, y hay que salvar los muebles como sea. Lo fundamental es pasar de culpable a víctima, al menos hasta que los ciudadanos voten. Después del 27, ya quedarán otros cuatro años de margen para arreglar el entuerto. La reacción del alcalde-candidato y su entorno podría servir de guión para una película de los Hermanos Marx, si no estuviésemos hablando de algo tan importante. La línea de repuesta a la publicación de la sentencia en los periódicos, está siendo asombrosa por su cinismo: Atacando a los medios de comunicación que no le son afines; dudando de la seriedad de los jueces; hablando de una oscura trama en la que estaría implicado el gobierno; diciendo que la sentencia es recurrible cuando es firme; criticando a los tribunales porque la sentencia ha llegado a los medios de comunicación (como si no fuese pública); y ya en el colmo de los colmos, en una conferencia de prensa que sólo puede calificarse de surrealista, dudando de la existencia misma de la sentencia porque aún no está en manos de su procurador. Todo con tal de obviar el único hecho real: Que el Supremo ha declarado nula la operación de compra de esos terrenos, porque el mecanismo para valorarlos fue incorrecto e ilegal. Recordemos que son los mismos argumentos de la Fiscalía Anticorrupción en su demanda penal, por lo que aún el tema no está zanjado, ni mucho menos. Escuchar los testimonios que el entorno del alcalde hace ahora en la campaña electoral para justificar lo indefendible es verdaderamente triste.
Mientras, los ciudadanos no dejan de preguntarse si todo esto no es más que un lamentable sainete que acabará por expulsarles de la playa que aman, rodeándola de un muro de cemento, hormigón y turistas, como tantas otras veces ha ocurrido en nuestra historia más reciente.
La lógica implicaría estar hablando de dimisiones. Pero ese término hace tiempo que ha dejado de tener significado en algunos sectores. Lo peor de todo es que probablemente ni siquiera haya castigo en las urnas. Para el común de los mortales, el mundo de la delincuencia también es relativo: La gente se escandaliza cuando un desgraciado pega un tirón en la calle para conseguir dinero que le sufrague su dosis de ese día, pero cuando hay millones por medio, eso que algunos han venido a denominar alarma social se difumina.
Somos así. Y para aceptar mejor que roben y engañen los políticos a los que hemos votado, nos dejamos convencer con aquello de que todos son iguales. Ese es el principal argumento de los corruptos, el verdadero cáncer que corroe los cimientos de nuestra democracia.