En un determinado momento, el gobierno decidió dar por terminado el estado de alarma y dejar la gestión sobre la lucha contra la pandemia en manos de los distintos territorios. A ello le sumamos que en todo este tiempo, no ha habido ninguna iniciativa política de cara a elaborar una Ley específica nacional que regule los momentos en que estemos afectados por pandemias o catástrofes naturales. El resultado es que se han recortado drásticamente el conjunto de iniciativas legales para frenar los contagios y se ha dejado a la interpretación de los jueces la posible constitucionalidad de las mismas.
Una de las mayores enseñanzas de la crisis de la covid ha sido que pueden presentarse amenazas imprevistas para las que carecemos de legislación específica —o normas de actuación— que permita una respuesta rápida y ordenada. La actual discusión del Tribunal Constitucional no es otra que la de decidir cuál de dos leyes —pensadas con otros fines— de nuestro Código sería la aplicable para esta situación. Ya que es previsible que podamos sufrir otras epidemias o catástrofes, uno diría que se precisa un conjunto de normas específicas —en cuya elaboración se escuchen los comentarios de expertos sanitarios y otros— que permitan manejarlas con agilidad y fluidez, siendo conscientes de que a medida que sepamos mejor lo que está ocurriendo el abordaje puede precisar ser modificado, y que en este contexto deben evitarse pérdidas de tiempo en discusiones judiciales o políticas que deben dejarse para más tarde.
Uno diría que esto sería lo más razonable, pero este último término parece estar descartado de la agenda política. Así nos va, y así nos seguirá yendo, mientras se pide a los ciudadanos un sentido de responsabilidad que en las cámaras legislativas brilla por su ausencia.
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