¿Y DESPUÉS DEL RESCATE, QUÉ?

Mis congratulaciones al pueblo chileno por el final feliz que ha supuesto el rescate de los mineros de San José. Pero la alegría que ha supuesto no debería hacernos olvidar las causas por las que 33 hombres han pasado 68 días bajo tierra con gran riesgo de sus vidas. Y los dueños de la mina, los tales Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, deberían afrontar en los tribunales sus responsabilidades, más allá de la comparecencia parlamentaria donde pidieron perdón por el derrumbe y que ha ocasionado la congelación de los bienes de la empresa para hacer frente a las indemnizaciones.
Porque resulta que algunos accidentes sí que pueden ser evitados, y este es un caso más que evidente: Las condiciones de inseguridad eran escandalosas por su reiteración y las argucias de sus dueños para reducir costos han lindado con lo delictivo.
Y encima, mostrando un sentimiento de solidaridad verdaderamente repugnante, los susodichos han estado un mes desaparecidos, no tuvieron el valor de presentarse en la mina accidentada, tardaron cinco horas en dar aviso tras el accidente y retrasaron la entrega de mapas y otros documentos a los geólogos y expertos en el rescate, por temor a que estos dejaran al descubierto las carencias de seguridad.
El accidente no es el primero en la mina de San José, muy al contrario tiene ya acreditados 80, algunos de ellos graves. En 2004 hubo un muerto y otro en 2006. Ese año, un segundo accidente causó 182 heridos. Las autoridades la cerraron en 2008 tras la muerte de un geólogo en una explosión. Los dueños fueron acusados de homicidio involuntario. Pero el caso se cerró tras un acuerdo extrajudicial y el pago de una indemnización a la familia. Inmediatamente después comenzaron las presiones al entonces director del Servicio Nacional de Geología y Minas para lograr la reapertura tras comprometerse a construir una ruta desde el refugio hasta la superficie. Por supuesto no lo hicieron. Cuando se produjo el derrumbe, el 5 de agosto, los mineros trataron de salir a través de un túnel de ventilación: No lo lograron porque la chimenea de escape carecía de peldaños y solo cubría un tercio del camino.
Aún hay más detalles que nos hablan de la catadura moral de estos tipos: Los trabajadores de San José no cobran desde septiembre y la empresa les anuncia que el primer pago será en diciembre. Además de los 33 hay otros 300 mineros empleados en San Esteban. No todos disponen de las mismas condiciones. La empresa se nutre de subcontratas. Hay mineros de primera, que ganan mil dólares (unos 700 euros) al mes, y otros de segunda, que ganan mucho menos.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha prometido una investigación y sanciones; también una reforma de las leyes. Poco podrá hacerse en realidad si es cierto lo que se comenta sobre el organismo que vela por la seguridad en las minas: Cuentan con 16 inspectores para 4.500 minas. En Atacama, donde está San José, dispone de tres inspectores para 844 minas.
El empresariado chileno ha arremetido contra Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Les acusan de ofrecer una mala imagen del país. La investigación emprendida por el Congreso, que incluirá la declaración de los 33 mineros cuando estos estén en condiciones, terminará posiblemente con una solicitud para que la fiscalía emprenda acciones. Las medidas legales podrían extenderse a los accionistas de la empresa y a la incautación de sus bienes para hacer frente a los pagos. Será interesante comprobar que ocurre realmente cuando el circo mediático que ha garantizado el rescate se difumine y qué decisiones se toman bajo la presidencia de un magnate billonario hermano de un ministro de Pinochet, que entre sus carteras ostentó la de Minas y que tiene en su bagaje el hecho de que durante su mandato se pusieron las bases de una legislación que ha permitido todas las irregularidades aquí planteadas...