Imagen: Viñeta de El Roto, en el diario 'el país' 
La palabra maldita en esta época es corrupción. Todos consideran que significa una lacra para la democracia, pero lo que no se parece entrever desde algunas instancias es el verdadero peligro que encierra. El sistema democrático ha de reinventarse cada día, no puede entenderse como una serie de hechos inconexos, donde el elector despierta cada cierto tiempo de su letargo para depositar su confianza en el elegible y se olvida del tema hasta cuando éste último vuelva a necesitarle. La verdadera raíz del sistema está en la perfección de los mecanismos de control, la vinculación del ciudadano con las instituciones y la posibilidad que se le brinda a la hora de exigir responsabilidades.
Resulta curiosa la manera de entender el asunto desde la óptica política, y desde luego, harto significativa... El Partido Popular ha hecho público un decálogo contra la corrupción, en el que señala como causa la estrechez económica en que están sumidos los ayuntamientos españoles debido a problemas de financiación. No hace falta ser economista para entender que las dificultades para cuadrar los balances a veces no son debidas exclusivamente a la escasez de ingresos sino a la mala administración de los mismos, pero eso es un debate al que habrá que referirse en otro momento.
Lo que ahora nos ocupa es la convicción que asume la clase política de que el fenómeno de la corrupción no debe considerarse consustancial a los afortunados que se encuentran dentro de los círculos del poder, y la tendencia que tienen a buscar excusas que expliquen el mal y les salve las espaldas. Y lo más deprimente es que nunca he escuchado de la boca de un político estar dispuesto a crear mecanismos para que sea el ciudadano de a pié el que supervise la documentación relativa a expedientes públicos, presupuestos, actas de reuniones y plenos, dictámenes técnicos, concesiones de obras y servicios y cualquier otro instrumento legal que se refiera a su gestión.
¿Utópico? Pues no lo es, porque para cada área siempre habrán asociaciones profesionales, de vecinos, científicas, culturales, deportivas y de lo que se les ocurra (que la lista puede ser muy larga), que puedan aportar su experiencia con el fin de que se formalicen con equidad los presupuestos públicos.
No se inventaría nada. Se trata de crear una ley que regule el libre acceso a la información pública, como la que existe en determinados países europeos. Tenemos una herramienta al alcance de todos como es internet: Pues de lo que se trata es de colgar en la red esta documentación para que los ciudadanos tengan acceso libre a ella y puedan atajar antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso del sistema.
Leo en un artículo de Soledad Gallego publicado este domingo en ‘El País’ un ejemplo significativo. Les resumo:
Maringá es una población brasileña de 330.000 habitantes. Sus vecinos, hartos de la corrupción galopante que sufría su municipio, decidieron tomar el asunto en sus manos y no contentarse con la condena de algunos implicados: La Asociación de Comerciantes, el Colegio de Abogados, la Universidad, y los Clubs de Rotarios y Leones se unieron para crear una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable, que negoció con las autoridades el acceso y control de la documentación pública
En poco tiempo los resultados han sido espectaculares: No sólo no han habido casos de corrupción estos últimos años, sino que en los primeros meses de 2009 el ayuntamiento se ha ahorrado cinco millones de dólares... Ya hay otras 35 ciudades que pretenden introducir mecanismos semejantes en su administración. Es la filosofía que mueve a la sanidad, aplicada a la gestión de los fondos públicos: Mecanismos de prevención, evitar tentaciones antes de que el mal aparezca. La duda es si no estaremos demasiado anestesiados por estos lares como para participar en operaciones morales de semejante envergadura.
Resulta curiosa la manera de entender el asunto desde la óptica política, y desde luego, harto significativa... El Partido Popular ha hecho público un decálogo contra la corrupción, en el que señala como causa la estrechez económica en que están sumidos los ayuntamientos españoles debido a problemas de financiación. No hace falta ser economista para entender que las dificultades para cuadrar los balances a veces no son debidas exclusivamente a la escasez de ingresos sino a la mala administración de los mismos, pero eso es un debate al que habrá que referirse en otro momento.
Lo que ahora nos ocupa es la convicción que asume la clase política de que el fenómeno de la corrupción no debe considerarse consustancial a los afortunados que se encuentran dentro de los círculos del poder, y la tendencia que tienen a buscar excusas que expliquen el mal y les salve las espaldas. Y lo más deprimente es que nunca he escuchado de la boca de un político estar dispuesto a crear mecanismos para que sea el ciudadano de a pié el que supervise la documentación relativa a expedientes públicos, presupuestos, actas de reuniones y plenos, dictámenes técnicos, concesiones de obras y servicios y cualquier otro instrumento legal que se refiera a su gestión.
¿Utópico? Pues no lo es, porque para cada área siempre habrán asociaciones profesionales, de vecinos, científicas, culturales, deportivas y de lo que se les ocurra (que la lista puede ser muy larga), que puedan aportar su experiencia con el fin de que se formalicen con equidad los presupuestos públicos.
No se inventaría nada. Se trata de crear una ley que regule el libre acceso a la información pública, como la que existe en determinados países europeos. Tenemos una herramienta al alcance de todos como es internet: Pues de lo que se trata es de colgar en la red esta documentación para que los ciudadanos tengan acceso libre a ella y puedan atajar antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso del sistema.
Leo en un artículo de Soledad Gallego publicado este domingo en ‘El País’ un ejemplo significativo. Les resumo:
Maringá es una población brasileña de 330.000 habitantes. Sus vecinos, hartos de la corrupción galopante que sufría su municipio, decidieron tomar el asunto en sus manos y no contentarse con la condena de algunos implicados: La Asociación de Comerciantes, el Colegio de Abogados, la Universidad, y los Clubs de Rotarios y Leones se unieron para crear una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable, que negoció con las autoridades el acceso y control de la documentación pública
En poco tiempo los resultados han sido espectaculares: No sólo no han habido casos de corrupción estos últimos años, sino que en los primeros meses de 2009 el ayuntamiento se ha ahorrado cinco millones de dólares... Ya hay otras 35 ciudades que pretenden introducir mecanismos semejantes en su administración. Es la filosofía que mueve a la sanidad, aplicada a la gestión de los fondos públicos: Mecanismos de prevención, evitar tentaciones antes de que el mal aparezca. La duda es si no estaremos demasiado anestesiados por estos lares como para participar en operaciones morales de semejante envergadura.
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