MALDAD Y DESVERGÜENZA

Nunca deja de asombrar la capacidad de nuestra especie para la maldad. Desde que la humanidad echó a andar, se ha hartado de dar ejemplos en ese sentido. No se trata de pesimismo, sino de aceptar que somos como somos como única manera de crear los mecanismos sociales adecuados para contrarrestar ese peligro, siempre inherente a nuestra condición humana: Ese debería ser uno de los grandes objetivos de la política y la sociología.
Un caso reciente ha demostrado de nuevo las consecuencias desastrosas que pueden traer consigo la dejadez de los legisladores, la abyección miserable de un empresario y las mezquinas políticas sobre inmigración que para nuestra vergüenza se están imponiendo en suelo español. Un joven boliviano ha perdido un brazo a raíz de un accidente laboral en una panadería de la ciudad alicantina de Gandía. Hasta ahí el titular, pero basta con escarbar un poco en ella para toparnos con la realidad de lo que ocurre bajo nuestras mismas narices de europeos civilizados: El accidentado era un obrero sin papeles, en la empresa todos los trabajadores se encontraban en situación ilegal salvo los hijos del dueño y, además, el empresario había desconectado el mecanismo de seguridad de la máquina que produjo el accidente para que funcionase más deprisa...
Las condiciones previas a la desgracia estaban servidas, pero la crueldad del hecho va mucho más allá: Una vez producido el percance, el empresario decide tirar a la basura el brazo seccionado y traslada al accidentado hasta las cercanías de un hospital público, sin olvidar ‘aconsejarle’ que no ha de mencionar la causa del accidente... Y cuando es cogido con el brazo en la masa, no tiene empacho alguno en hacer mención a un supuesto estado de embriaguez de su empleado.
He aquí un caso evidente de infamia personal, que ya se encargará la justicia de valorar. Pero lo concreto puede ser extrapolado y extraer conclusiones colectivas que atañen a la sociedad en que vivimos: Porque se trata de un caso más de la plaga de desmanes laborales que ocurren diariamente en este país y otra de las consecuencias de la vergonzosa actitud que la democracia española mantiene con respecto al tema de la seguridad en el trabajo. Sólo hay que ver la ridícula plantilla de Inspectores con que contamos, a pesar de que todo el mundo sabe que en su entorno, los ejemplos más evidentes se encuentran en la construcción o en la hostelería, es habitual la existencia de mano de obra ilegal. Más allá de la codicia y la maldad de determinados empresarios, que se comportan como negreros de la modernidad, parece claro que esta situación generalizada solo se puede dar cuando los servicios de inspección son tan lamentables.
La cosa funciona así: Sobreviene el accidente, y es a partir de ahí cuando se descubren las deficiencias de seguridad y el peligro en que se desenvuelve el quehacer diario de numerosos trabajadores, a los que se les llega incluso a acusar de irresponsables por no denunciarlas. Con qué facilidad logran algunos quitarse de encima cualquier sentimiento de culpa, y que escaso es el brillo de su competencia.
Dos cuestiones a enfatizar sobre este hecho en concreto: Una es la declaración del Ministro de Trabajo, en el sentido de que la inspección será contundente con los que ofrezcan contratos ilegales... ¿Me pueden ustedes explicar a que inspección se refiere? La otra es sobre la decisión del Consejo de Ministros, que ha regularizado la situación del obrero boliviano por razones ‘humanitarias’. Parece abrirse una nueva vía para legalizar a estos esclavos del siglo XXI en España: Sufrir una amputación trabajando, salvar a un náufrago estando a punto de morir o rescatar a una mujer de las garras de su maltratador pueden ser visados que hagan realidad una vida normalizada en el país que te acoge.
Unos la maldad, otros la desvergüenza... Tal para cual.