jueves, 8 de mayo de 2008

¿EL CASO TAGUAS?


Los trabajadores de iberia en el aeropuerto de Fuerteventura denunciaron en su día la opacidad del concurso público para la concesión del servicio en tierra a pasajeros de aviones (handling) que hasta hace unos años realizaba en régimen de monopolio iberia, y que se ha liberalizado, de tal manera que AENA (el organismo estatal que se ocupa de regular el funcionamiento de los aeropuertos españoles) concede periódicamente las licencias a las compañías que llevarán a cabo esa labor en cada aeródromo. Cuestionaban su objetividad, al no poder accederse libremente a analizar las propuestas realizadas por cada aspirante, lo que suponía en la práctica no tener un control previo de las que se presentaban al concurso, de su composición y a la lista de los principales accionistas.
En septiembre de 2006 se mantuvo una reunión con diputados de diferentes partidos políticos para solicitar que se presentase una pregunta en el Congreso a fin de conocer los criterios de valoración de AENA en el citado concurso en el aeropuerto de Fuerteventura. Sólo se obtuvo un resultado positivo por parte del Bloque Nacionalista Galego, que se comprometió a realizar la gestión. Los demás partidos de la Cámara, no sólo dieron la callada por respuesta, sino que mostraron público rechazo a las dudas mostradas por los trabajadores acerca de la limpieza del concurso.
Hace unos días ha saltado una noticia a los medios de comunicación, que aumenta las sospechas sobre la falta de objetividad del proceso. Recordemos que las principales constructoras españolas (ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr) lo aprovecharon para hacerse o afianzarse en el negocio del handling (servicio en tierra de pasajeros) en los aeropuertos españoles, y en algunos extranjeros. Y son las mismas empresas que se reparten las faraónicas construcciones de los aeropuertos y que pagan los españoles con sus impuestos.
Seopan son las siglas de la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional, que reúne en su seno a las grandes constructoras. La noticia es que días atrás ha sido nombrado presidente de dicha asociación David Taguas, con una remuneración que presuponemos multimillonaria. Hasta aquí todo aparentemente normal, si exceptuamos que el personaje fue durante toda la pasada legislatura Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con rango similar al de Secretario de Estado. Independientemente de que la Ley de Incompatibilidades lo permita, resulta moralmente escandaloso que un personaje de tal relevancia a nivel gubernamental en el ámbito de la economía pase directamente a una empresa privada que tiene tantos intereses en el sector público de la construcción y en el ámbito aeroportuario. Pero el Parlamento no puede limitarse a lamentar la moralidad del hecho, sino que se debería investigar a fondo las consecuencias de la gestión de Taguas en el cargo y depurar las responsabilidades de los cargos públicos que, por activa o por pasiva, han permitido la realización de dicha política, tanto en la Oficina Económica, como en el Ministerio de Fomento y AENA, entre otros. Es imposible no sospechar que el tema tenga toda la pinta de un premio a los servicios prestados, y en estos casos sería de desear que se despejasen dudas tan graves, si es cierto que se pretende salvaguardar la imagen de la clase política de escándalos semejantes. Las primeras declaraciones del Gobierno, en concreto de boca del Pedro Solbes, argumentando que la decisión de Taguas es una cuestión personal y que ha de estar limitada solamente a lo que estipule la Ley de Incompatibilidades, resulta descorazonadora.
Si no se toman medidas al respecto, la credibilidad de las instituciones del Estado continuará debilitándose y la imagen de nuestros representantes aparecerá más nítidamente al servicio de la clase económica más pudiente de este país, en lugar de atender los de sus votantes.

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